La inmediata consecuencia es que más de 100.000 asegurados pueden quedar sin seguro médico, si las clínicas se negaran a atender a los asegurados de Centro Asegurador, que no podrá hacer frente a los pagos, lo que constituye un auténtico problema sanitario en el que tendrá que actuar la responsable del Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerí
as autonómicas de Salud. Mientras tanto
Al responsable de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, solo le quedó aconsejarnos ”que había que leerse mejor la letra pequeña de las pólizas”, lo que parece hizo el Magistrado catalán que dictó el Auto de embargo.
Publicado en Redacción Médica el martes 8 de marzo de 2005. Número 69 AÑO I



