Nuestro Presidente, Ricardo De Lorenzo, ha concedido una entrevista a Sanifax en la que subraya que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus tendrá graves consecuencias económicas, sociales y también cambios legales en nuestro país a los que habrá que hacer frente.

La publicación de novedades diarias en el Boletín Oficial del Estado que afectan a trabajadores, empresarios y colectivos del sector sanitario generarán un nuevo marco legal en muy diferentes áreas, pero especialmente en materia laboral. «En este momento hay muchísimos profesionales sanitarios con pequeños, medianos y grandes problemas y el Derecho Sanitario tiene que estar ahí para ayudarles a vencer sus incertidumbres. En la primera línea de batalla de esta crisis están los profesionales de la sanidad, pero después hay líneas de defensa que ejercemos otros agentes como los Abogados especializados en Derecho Sanitario», afirma Ricardo De Lorenzo, Abogado y Presidente de honor en DE LORENZO ABOGADOS.

Firma que acaba de obtener de las primeras resoluciones de ERTEs del sector sanitario en la que se constata la existencia de las causas de fuerza mayor alegadas por una Clínica Dental con ocho trabajadores suspendiendo sus contratos mientras persista y por el periodo de vigencia de las medidas de la declaración de estado de alarma.

Nuestra Directora del Área Procesal, Ofelia De Lorenzo, explica en un artículo publicado en EL ESPAÑOL que "a pesar del esfuerzo titánico que todos los españoles estamos haciendo para vencer a esta pandemia, los juristas y gestores sanitarios ya escuchamos a lo lejos tambores de guerra de los múltiples conflictos jurídico-sanitarios que se avecinan. Todos ellos vendrán catalizados por falta de recursos, errores en planificación y previsión, y por la opacidad en la información".

Nuestro presidente, Ricardo De Lorenzo, analiza en un artículo publicado en Redacción Médica la regulación del estado de alarma en la crisis sanitaria.Tras la prórroga del Gobierno de dos semanas más del estado de alarma por el coronavirus, hasta el 26 de abril, y las más que probables prórrogas, que nos llevarán a la continuidad del “confinamiento”, por otros quince dias mas, hace que analicemos los presupuestos legales de la declaración del estado de alarma en el marco del Derecho de excepción y, en segundo las consecuencias de su incumplimiento, de esta “medida de contención”, contenida en el Real Decreto 463/2020 de fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Nuestra Directora del Área Procesal, Ofelia De Lorenzo, analiza el impacto jurídico del COVID-19 en un artículo publicado en New Medical Economics.

A raíz de la declaración de pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo de 2020, como consecuencia del brote de coronavirus que asola a todo el planeta, nuestro Gobierno se ha visto obligado a acometer una serie de medidas de urgencia con incidencia en todos los sectores de la sociedad, con especial impacto en el ámbito sanitario y económico.

El presente artículo pretende analizar la actuación normativa del Gobierno español desde el sábado 7 de marzo hasta el día 14 de marzo, fecha en la que se decreta el estado de alarma en España, con la consiguiente incidencia práctica que esto conlleva.

Nuestro presidente, Ricardo De Lorenzo, en una entrevista en Isanidad ha señalado que “en un escenario únicamente público, el SNS difícilmente podría afrontar su subsistencia”. Además, añade que "el sector privado de la sanidad mantiene, en el conjunto de la atención sanitaria en España, un peso generalmente infravalorado en su importancia absoluta y relativa. En número de centros de hospitalización, que no en número de camas, supera al sector público. Además, mantiene abiertos miles de establecimientos de consultas externas".

Nuestra Directora del Área Procesal, Ofelia De Lorenzo, fue finalista en la tercera edición de los Premios Sanitarias. Impulsados por el diario Redacción Médica, estos galardones reconocen y reivindican el protagonismo y liderazgo de la mujer en el sistema de salud estatal.