Entrevista con Ofelia de Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa en «De Lorenzo Abogados» y miembro del Steering Committee del Instituto ProPatiens, sobre los derechos de los profesionales sanitarios en la que destaca que "los profesionales sanitarios han sido el sector más expuesto y comprometido, estando en primera línea de atención y asistencia, siendo altamente vulnerables al contagio y a los que se les debe un merecido reconocimiento y agradecimiento. Por ello, se hace imprescindible apoyar la labor profesional de los profesionales sanitarios".

La crisis sanitaria que estamos viviendo obliga a la reflexión sobre el sector. A un análisis de fortalezas y debilidades, que Escudo Digital hace de la mano de Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados, bufete fundado en 1955 como primera firma legal dedicada al Derecho Sanitario de modo especializado.

El último libro publicado por el doctor en Derecho, en septiembre de 2019, se centra en el significado y las aportaciones de la Ley 41/2002, que regula la autonomía de los pacientes y los derechos de información y documentación clínica. La protección de datos personales, el consentimiento por representación y la colisión de derechos fundamentales, son temas en él tratados, que ahora, en pleno confinamiento por el Covid-19, cobran una nueva dimensión.

La epidemia de coronavirus ha cambiado de forma dramática el escenario sanitario, pero también el social y el económico. La incapacidad temporal no ha sido ajena a este cambio y ha modificado de forma específica la protección de los profesionales sanitarios en esta situación, otorgando una mayor protección en su prestación económica, y adquiriendo además una ‘cobertura preventiva’ no señalada hasta este momento para las enfermedades que no fueran profesionales.

El Gobierno aprobó el pasado 11 de marzo un Real Decreto Ley para moderar los perjuicios económicos que ocasione el coronavirus a las personas enfermas o en aislamiento y a las empresas. Una de esas medidas es la asimilación de la baja por coronavirus a accidente laboral, algo que supuestamente favorece al trabajador y a la empresa, según explica nuestro Presidente, Ricardo De Lorenzo, en una entrevista concedida a Redacción Médica. Con esta medida se ha intentado dar respuesta a las demandas de los agentes sociales, empresarios y sindicatos.

Ante la crisis sanitaria derivada del coronavirus, los profesionales demandan información para avanzar en las investigaciones acerca del Covid-19. Sin embargo, los datos de salud están muy regulados en la Ley de Protección de Datos. Preguntado por esta cuestión, nuestro presidente Ricardo De Lorenzo, avisa en Redacción Médica que "la protección de datos puede y debe quedar supeditada al interés público y el interés vital de evitar una propagación incontrolada del virus". De Lorenzo recomienda el informe redactado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ante la situación social y sanitaria por el Covid-19. "Analiza la situación actual con el objetivo principal de que la protección de datos no resulte un impedimento en la lucha contra la pandemia", añade.

Los profesionales sanitarios luchan sin descanso para asistir a los pacientes de coronavirus Covid-19, incluso, poniendo en riesgo su vida. Cuando llegan a casa, algunos tienen que soportar cartas de sus vecinos, que les acosan, amenazan o insultan. Consultado por esta cuestión, Ricardo De Lorenzo, doctor en Derecho y presidente en De Lorenzo Abogados, advierte a Redacción Médica que "dejar mensajes o carteles a vecinos sanitarios, o cualquier otro colectivo profesional expuesto al coronavirus puede ser constitutivo de un delito de amenazas o de coacciones, siempre en función del contenido de esas notas o la insistencia con que se transmitan".

Los bufetes preparan ya demandas por falta de material sanitario, muertes en residencias, altas prematuras y daños económicos. La judicialización de la crisis amenaza con colapsar la Justicia. En el bufete De Lorenzo Abogados piden prudencia. Consideran que la pandemia ha causado suficiente dolor y apuesta por las soluciones extrajudiciales por un lado, porque en muchos casos lo que el demandante quiere en realidad es que le expliquen qué ha pasado con su ser querido. Por otro lado, porque al ritmo que trabaja la Justicia -antes de la crisis se estaban señalando procedimientos a tres años vista-, atizar un mayor colapso no interesa a nadie. No se debe perder de vista, además, que la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública la pagan de su bolsillo todos los ciudadanos, algo que los jueces tienen en mente.