La pandemia de la Covid-19 ha obligado a acelerar la innovación en telemedicina. Esta herramienta ha cobrado especial relevancia durante la crisis sanitaria por la limitación de las visitas a los centros sanitarios. Sin embargo, España no cuenta todavía con una norma que la regule.

Sobre este asunto ha hablado Ofelia De Lorenzo, socia-directora en De Lorenzo Abogados, que ha explicado que esta futura regulación debe respetar la deontología médica. Un tema que se recoge en el libro Responsabilidad profesional sanitaria, que ha escrito junto a Pablo Montalvo, responsable del área jurídica-contencia del mismo despacho.

España es uno de los países europeos con las tasas de vacunación más altas. A pesar de esta concienciación sobre los beneficios de los antígenos, una parte de la población no tiene claro si se vacunará de la Covid-19. De hecho, el 43% de los españoles asegura que no lo hará inmediatamente cuando se tenga la vacuna, según el barómetro del CIS de octubre. Sin embargo, España tiene base legal para hacerla obligatoria.

“La Constitución (artículos 15 y 43) defiende el derecho a la vida y a la integridad física y establece que corresponde a los poderes públicos la preservación de la protección de la salud, a través de medidas preventivas”, explica a Invertia Pablo Montalvo, responsable del área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados. En este sentido, “podemos entender que, a la vista de dicha situación, se podría hacer la vacunación obligatoria, como medida para la defensa de la salud colectiva”.

En nuestro país, la vacunación no es obligatoria. Ofelia De Lorenzo, socia-directora del despacho al que pertenece Montalvo y vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), recuerda que “la Ley 41/2002, Básica de Autonomía del Paciente reconoce el principio de autonomía de la voluntad, el derecho de aceptar o de rechazar un tratamiento o actuación sanitaria”.

Las redes sociales forman parte del día a día de los ciudadanos, también de los profesionales sanitarios que, cada vez más, comparten vídeos desde los hospitales donde trabajan, incluso ataviados con su uniforme. Algunos de estos contenidos, como el publicado por enfermeras del Hosptial Juan XXIII o los profesionales que trabajaron en Ifema, han sido duramente criticados. La profesión médica llama evitar estos contenidos ya que atentan contra la Deontología Médica y pueden acarrear duras sanciones contra los profesionales.

La investigación científica ha ganado un gran protagonismo dado el avance del coronavirus Covid-19 por todo el mundo. Las dimensiones de la pandemia han puesto de manifiesto la importancia de compartir los avances biomédicos para lograr, por ejemplo, una vacuna o un tratamiento eficaz. Sin embargo, las leyes que garantizan la protección de datos de los ciudadanos pueden ralentizar el intercambio internacional de datos, por eso durante la pandemia se han establecido una serie de excepciones que los médicos españoles quieren extender más allá de la investigación del Covid-19.

"La OMC propone que, con el fin de facilitar las transferencias internacionales, sería recomendable que el Comité Europeo de Protección de Datos "ampliase la validez del interés público como base de legitimación para el tratamiento de datos personales a todas las investigaciones biomédicas y no exclusivamente a aquellas relacionadas con el Covid-19", explica Andrea Camps Verde, abogada especializada en materia de protección de datos y miembro de De Lorenzo Abogados.

La investigación científica ha ganado un gran protagonismo dado el avance del coronavirus Covid-19 por todo el mundo. Las dimensiones de la pandemia han puesto de manifiesto la importancia de compartir los avances biomédicos para lograr, por ejemplo, una vacuna o un tratamiento eficaz. Sin embargo, las leyes que garantizan la protección de datos de los ciudadanos pueden ralentizar el intercambio internacional de datos, por eso durante la pandemia se han establecido una serie de excepciones que los médicos españoles quieren extender más allá de la investigación del Covid-19.

El coronavirus Covid-19 ha afectado, según el Ministerio de Sanidad, a 73.165 profesionales sanitarios en España. A las puertas de la aprobación efectiva de una vacuna que combata la infección del SARS-CoV-2 y anunciarse que dichos viales tendrán grupos ‘prioritarios’, como los sanitarios, surge la duda de si los profesionales deberán vacunarse obligatoriamente para prevenir un futuro contagio en su ejercicio laboral y, correspondientemente, convertirse en un foco en su lugar de trabajo. Aunque la legislación vigente en España no implica este hecho, y deja la vacunación, tanto de profesionales como de pacientes, en manos de una decisión personal, existen países como Estados Unidos donde sí es de obligado cumplimiento vacunarse para un sanitario.

Es ahí dónde se plantea la disyuntiva de qué ocurriría si el sanitario se convierte en foco de contagio del coronavirus por haber rechazado vacunarse. En este caso, y preguntado por Redacción Médica, el experto en Derecho Sanitario y presidente en De Lorenzo Abogados, Ricardo De Lorenzo, apunta que, desde el punto de vista legal o ético deontológico, el profesional sanitario estaría incurriendo en "un supuesto de responsabilidad" de la Administración. Un hecho que la propia Administración debería indemnizar según los daños y perjuicios ocasionados al paciente, "sin perjuicio de que después esa propia Administración Sanitaria pudiera repercutir el cobro o el pago de la indemnización en aquella persona que en su caso hubiera podido ocasionar el daño".