El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el decreto que establecerá la categoría de enfermedad de profesional en aquellos profesionales sanitarios que se contagien de coronavirus Covid-19. ¿Pero cómo afecta la categoría de enfermedad profesional para los sanitarios contagiados por Covid-19?

Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados, y encargado del informe jurídico que elaboró la OMC para reivindicar esta categoría, explica a este diario que “la consideración de enfermedad profesional comparte con el accidente la cuantía de la prestación económica, la responsabilidad de la mutua en su asistencia sanitaria y el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene, establecidas en el artículo 164 de la LGSS”.

El proceso de vacunación contra el Covid-19 avanza paulatinamente en España, pese al recorte de vacunas anunciado por Pfizer. La mayoría de las CCAA ya han vacunado a todos los profesionales sanitarios que se encuentran en primera línea de batalla contra el virus, y, según ha podido saber Redacción Médica por fuentes autonómicas, solo el dos por ciento de estos profesionales habría rechazado vacunarse. Un dato “residual” que “no justifica el imponer una vacunación obligatoria en España”, recalcan desde el Ministerio de Sanidad.

Ese hecho hace que los sanitarios que decidan no vacunarse contra el Covid-19 no pierdan ningún derecho en el caso de caer contagiados por el virus, como la consideración de accidente profesional. Ricardo De Lorenzo, presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, detalla a Redacción Médica que “la consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma, desde la declaración de la pandemia internacional hasta que se levanten todas las medidas de prevención no está vinculada a estar o no vacunado, sino al contagio”.

Hace un mes comenzó el plan de vacunación contra la Covid, que prevé proteger en primer lugar a las personas que viven en residencias de mayores o discapacitados y sus cuidadores. Aunque se trata de un primer paso, todo apunta a que será un proyecto lento, en parte por los recelos existentes en la población sobre la inyección. De acuerdo con el último CIS, el 28% de los españoles rechazan ponerse la vacuna “inmediatamente”. Actualmente, ya hay casos de familiares de personas dependientes que se han negado a que estos se vacunen. Pero ¿es esto legal? ¿Hasta qué punto puede el tutor legal de un tercero tomar una decisión de este tipo?

A pesar de la letalidad del virus, hay una gran parte de la población que muestra recelos ante la inyección. Sin ir más lejos, la directora de una residencia de Guipúzcoa anunció la semana pasada que no vacunaría a sus 40 internos porque se trataba de un producto en fase experimental.

Un argumento que para Ricardo de Lorenzo, presidente del bufete De Lorenzo Abogados y experto en derecho sanitario, carece de recorrido judicial, “principalmente porque no es cierto”. El letrado recuerda que se trata de un medicamento que ha cumplido todas las fases de desarrollo y está autorizado por los organismos correspondientes, “por lo que es válido y beneficioso”.

No todo es Navidad estos días. La campaña de vacunación contra el Covid-19 ha conseguido robarle cierto protagonismo a las fiestas en toda Europa. La esperanza de muchos en este tratamiento contrasta sin embargo con el "escepcticismo" de una buena parte de ciudadanos que no se muestra dispuesta a vacunarse.

Con la estrategia vacunación nacional ya definida, la duda es qué pasará con aquellos que no quieran recibir la vacuna contra el Covid-19. El Ministerio de Sanidad anunció la creación de un registro tanto para personas vacunadas como no vacunadas, que en ningún caso será público, y que permitiría conocer "las posibles reticencias en diferentes grupos de población".

Por otro lado, obligar a la población a hacerlo plantea diferentes dilemas éticos, tal y como adelantó el Comité de Bioética a Redacción Médica. Sin embargo, determinadas casuísticas sí encuentran el amparo jurídico en esta cuestión. Es el caso de los menores de edad, que suponen el 17,8 por ciento de toda la población de nuestro país.

Si un progenitor se niega a poner la vacuna a su hijo, el interés superior del menor puede prevalecer, incluso, frente a la "patria potestad de los padres", según explican fuentes jurídicas de la OMC a Redacción Médica. Por tanto, el menor podría decidir vacunarse aunque sus padres o sus responsabels se negaran.

En España, la vacunación de este grupo de edad, estaba sometida a las mismas reglas jurídicas que la vacunación en adulto, "con la importante diferencia de que al no tener el menor plena capacidad jurídica, el consentimiento para la vacunación debía ser concedido por los padres o por quiénes ostentaran en cada momento la patria potestad". Lo que se conoce como "consentimiento por sustitución" tal y como explica Ricardo De Lorenzo, presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, aludiendo al artículo 39 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Este marco normativo se volvió, sin embargo, "insuficiente", ante los cambios sociales que se producían en el mundo de los menores, por lo que fue necesaria una actualización a través de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, y la reforma de la Ley de la Autonomía del Paciente que permitió a los menores emancipados o mayores de 16 años estar exentos de este consentimiento por representación, "salvo cuando se tratara de una actuación de grave riesgo para la vida o salud".

De Lorenzo Abogados les desea Feliz Navidad y nuevo año 2021.

La editorial Lefebvre, referencia en España en información jurídica y práctica para el abogado, en colaboración con De Lorenzo Abogados, ha publicado dos mementos dentro de su colección "Claves prácticas sanitarias".

Responsabilidad Profesional Sanitaria

Se trata de "Responsabilidad Profesional Sanitaria", cuyos autores son Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia-directora en De Lorenzo Abogados, y Pablo Montalvo Rebuelta, responsable del Área Jurídico-Contencioso en De Lorenzo Abogados.

La responsabilidad profesional sanitaria es una disciplina jurídica que suscita una gran atención ante el incesante incremento en el número de reclamaciones judiciales, muchas de ellas como consecuencia del covid-19.

Esta obra analiza con un enfoque eminentemente práctico los derechos de los pacientes, y se centra en las cuestiones clave: el derecho a la información clínica, el consentimiento informado, la historia clínica, etc.

Asimismo se analizan las responsabilidades civiles y penales, y la responsabilidad patrimonial de los servicios de salud.

Todo ello en base a los pronunciamientos más significativos en la materia, efectuando un estudio de las singularidades existentes entre las distintas jurisdicciones.

Datos genéticos y relativos a la salud

El otro volumen lleva el título de "Datos genéticos y relativos a la salud", y está escito por Íñigo De Miguel Beriain, Of counsel en De Lorenzo Abogados; y Ricardo De Lorenzo y Aparici, socio-director del Área de Nuevas Tecnologías en De Lorenzo Abogados.

Este volumen arroja luz sobre algo tan sensible como es la protección de los datos relativos a la genética y a la salud. En nuestro país, la entrada en vigor del nuevo reglamento ha provocado a su vez la derogación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que ha sido sustituida por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Su disposición adicional decimoséptima es de particular importancia en el ámbito de los datos relativos a la salud y los datos genéticos, por cuanto constituye el nexo de unión entre las exigencias de la normativa europea y la legislación nacional sobre las materias, que se encuentra fragmentada en múltiples normas.

Este novedad editorial resuelve los problemas que suscita la gestión de la protección de datos personales en el marco habitual de su gestión, y facilita al lector la comprensión del marco normativo actual, ayudándole a realizar una interpretación razonable de la norma, que facilite su cumplimiento. Todo ello con un marcado carácter práctico, evitando disquisiciones excesivamente teóricas, pero también alejado de una mera enumeración de resoluciones y sentencias sobre cada materia en concreto.

La humanidad puesta a prueba. Bioética y COVID-19

Además, la Universidad Pontificia de Comillas ha publicado el libro "La humanidad puesta a prueba. Bioética y COVID-19", en que ha colaborado Ofelia De Lorenzo, con el capítulo Ética de la reclamación: las alternativas a la judicialización de los conflictos derivados de la pandemia. En este libro se recogen los problemas bioéticos a los que se enfrenta la humanidad provocados por la pandemia de COVID-19: el dilema de la atención a los enfermos con recursos limitados, los problemas éticos del confinamiento, el problema ético del modo de cuidado de los mayores, los problemas de la investigación de fármacos y vacunas y la desigualdad social que ha dejado la pandemia. Todo ello sin olvidar partir de unos buenos datos y apoyados en una sólida fundamentación en los principios de la bioética. Además se hace un recorrido del COVID-19 por el mundo y se dibujan algunas perspectivas bioéticas del mundo post-pandemia.