Ofelia De Lorenzo, ya es una de las Top 100 Mujeres Líderes en España, el mayor ranking de liderazgo femenino en España. Socia Directora del Área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados y presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) se convierte así en una de las referentes del sector legal. “Vivo con mucho honor e ilusión estar en esta privilegiada lista junto a mujeres maravillosas. Para mí es un reconocimiento al trabajo y al compromiso activo con mi profesión" -declaró la abogada.

El Teatro Real de Madrid, que ha acogido la celebración de la XI gala de las Top 100 Mujeres Líderes en España, fue el escenario donde brillaron las 100 elegidas. La iniciativa de ‘Magas’ de El Español, liderada por Cruz Sánchez de Lara, desempeña un papel fundamental para visibilizar el talento femenino.

Desde su creación en 2011 por la periodista argentina Mercedes Wullich, más de 5.000 mujeres han sido designadas candidatas y elegidas, y, ciento cincuenta de las cuales, se han convertido en honorarias. Desde sus inicios, el objetivo del ranking, ha sido impulsar la presencia de mujeres en todos los ámbitos y fomentar la diversidad y de la igualdad por parte de empresas y organizaciones.

Una noche especial y una falda solidaria

Ofelia De Lorenzo, vestida con falda de APRAMP (Asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual) fue reconocida en la categoría ‘Profesionales Independientes y Consejeras’. Su elección, ha puesto en valor la dirección que ejerce de Plataforma REDES (Resolución Extrajudicial de Conflictos en Derecho Sanitario) actividad que compagina con el ejercicio de la abogacía en su despacho De Lorenzo Abogados con una fuerte presencia institucional en todos los foros de derecho sanitario. Ofelia, que se ha convertido en una de las voces con más presencia en nuestro país en su campo, ha ocupado puestos como la Secretaría General del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ofelia, que se ha convertido en una de las voces con más presencia en nuestro país en su campo, ha ocupado puestos como la Secretaría General del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Es miembro del Observatorio legislativo de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, del Comité de ética de asistencia sanitaria (CEAS) de HM Hospitales, además de vicepresidenta 2ª de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario. Ha participado con diferentes cargos en la Comisión Organizadora de diez congresos nacionales y dos internacionales de Derecho Sanitario (AEDS)

En el ámbito docente, ha sido y es profesora de cursos de posgrado en la Universidad San Pablo-CEU, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público/ Euskal Herriko Unibertsitatea; Universidad de Cantabria y Universidad Austral de Argentina. Conferenciante habitual en Seminarios, Talleres y Congresos, nacionales e internacionales relacionados con la especialidad -Derecho Sanitario y Bioderecho-.

Es profesora del Máster Universitario en Derecho Sanitario, y del Máster Universitario de valoración del daño corporal pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Activa autora de libros y artículos es coautora de títulos tan diversos como “Claves Prácticas Sanitarias: Responsabilidad Profesional Sanitaria”; "Aspectos Legales del acto médico en otorrinolaringología y patología Cervicofacial Gastroenterologia. Endoscopia diagnóstica y terapéutica", "Psiquiatría y Ley”, "Células madre de cordón umbilical y medicina Regenerativa”. “Aspectos legales en Ginecología y Obstetricia” “responsabilidad Profesional Sanitaria” y Bioderecho y retos. M-Health, genética. IA, robótica y criogenización”. Con innumerables artículos, colabora habitualmente con Redacción Médica y New Médical Economics entre otros.

Los avances científicos y tecnológicos arrastran consigo interrogantes jurídicos y éticos a los que el Derecho sanitario deberá comenzar a dar respuesta este mismo 2024. En efecto, la inteligencia artificial “va a cumplir un papel creciente” en el sector, apunta la presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ofelia De Lorenzo, quien enfatiza además los ‘deberes pendientes’ de España en materias como el déficit de profesionales, el desarrollo de medicamentos estratégicos o incluso el blindaje del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante futuras pandemias.

Sobre este último asunto, la presidenta de la AEDS se muestra tajante: “Habrá más pandemias y sigue siendo necesario, desde el Derecho sanitario, trazar un marco ético-jurídico que dé respuesta a las crisis sanitarias”. En declaraciones a Redacción Médica, De Lorenzo lamenta que no se hayan extraído “las debidas enseñanzas” tras el Covid-19, como demuestra el hecho de que las autoridades de salud no dispongan todavía de las “herramientas jurídicas suficientes para evitar que se judicialicen todas y cada una de las medidas que se adopten en pro de la salud pública”. Un asunto que, de hecho, es de máxima actualidad dadas las dudas legales que se desprenden del regreso a la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales.

“En octubre del 2016, con motivo del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, se debatieron los problemas jurídicos que pudieran venir asociados a las grandes crisis sanitarias (químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y/o terroristas) y el fundamental es que las dos grandes normas de salud pública en España, aunque permiten tomar medidas, son muy inconcretas; de hecho, la Ley General de Salud Pública del 2011 está aún sin desarrollar”, subraya.

La normativa vigente deja fuera de toda duda la potestad del Ministerio de Sanidad para imponer el uso obligatorio de mascarillas en los hospitales y centros de salud de todas las comunidades autónomas (CCAA). Aunque las competencias sanitarias estén transferidas a los gobiernos regionales, la “urgente necesidad” derivada del repute de casos de gripe y covid y la saturación de los servicios sanitarios avala la decisión.

La intención del departamento de Mónica García, si no se volviera a llegar a un consenso con las CCAA en lo referente el uso obligado de mascarillas 48 horas después del Consejo Interterritorial celebrado este lunes, es la de actuar de oficio al respecto mediante una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública, una medida reflejada en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete homónimo y experto en Derecho Sanitario, indica a Redacción Médica que, en principio, aunque recurrir a una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública corresponde al Ministerio de Sanidad, este necesita contar con el beneplácito del Consejo Interterritorial, “salvo en situaciones de urgente necesidad”. He ahí el quid de la cuestión. En esos casos, “se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se informará al Interterritorial de ello de manera urgente”.

El experto recuerda que, de hecho, la fórmula por la que optará Sanidad es la misma que se empleó durante la pandemia de coronavirus para limitar los derechos fundamentales de movilidad y actividad laboral y comercial, como el recorte de los horarios en la hostelería, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle.

“Al terminar el estado de alarma, las comunidades habían recuperado sus competencias en materia de sanidad, pero el ministerio recurrió a ese mecanismo para unificar restricciones concretas”, explica, aunque, en relación a la situación actual, advierte de que, tal y como ya hicieron algunos de los consejeros autonómicos este lunes: “No se ha tenido en cuenta a la Comisión de Salud Pública y Ponencia de Vacunas, no se ha cumplido el procedimiento y no se ha convocado previamente el órgano técnico, que en este caso es la Comisión de Salud Pública”.

El último número de New Medical Economics recoge un amplio reportaje de la entrega de Premios 2023, en el que se galardonó a Ofelia De Lorenzo, en la categoría ‘Liderazgo femenino en gestión’.

El impacto del Covid-19 en los profesionales sanitarios está fuera de toda duda. En primera línea de batalla contra el virus desde la explosión de casos en marzo de 2020, la siguiente lucha ha sido muy distinta: judicial. El reconocimiento de la patología como enfermedad profesional ha supuesto una importante pelea en los juzgados, los cuales acaban de emitir un precedente jurídico fundamental, al reconocer al Covid-19 como una enfermedad profesional.

Una victoria judicial lograda por el Bufete De Lorenzo Abogados con un fallo que revierte la decisión previa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que inicialmente consideraba la incapacidad temporal de una enfermera como enfermedad común.

En esta entrevista con Redacción Médica, Ricardo De Lorenzo, presidente del citado Bufete y experto en Derecho Sanitario, señala las claves de una decisión clave pues no solo respalda la situación particular de la demandante, sino que establece un criterio relevante para casos similares en el futuro. Es decir, "reconoce la conexión directa entre la labor de la enfermera y la exposición al virus, contribuyendo a la consolidación de la jurisprudencia sobre la clasificación del Covid-19 como enfermedad profesional", según señala el jurista.

Hace exactamente 45 años, España daba a luz a la ley fundamental por la que pasó a regirse, desde ese señalado 1978, el sistema de gobierno del país, la Constitución. Han sido 45 años que no han estado exentos de tensiones políticas y territoriales que han afectado, entre otros sectores, a la sanidad, y en los que el texto original no ha sufrido ninguna actualización al respecto. Independencia o amnistía son palabras que no han hecho más que ganar protagonismo en el entorno político actual y que pueden afectar a los servicios sanitarios. Para ello, expertos juristas han analizado en Redacción Médica el rumbo que tiene que tomar el texto constitucional en su 45º aniversario. #DiadelaConstitución #Constitución

"El problema de nuestra Constitución cuando cumple 45 años es que no se ha actualizado, se ha quedado parada como una foto fija del año 1978, y nuestro problema actual es que es muy difícil que en España haya consenso como entonces para aprobar nada. La Constitución de 1978, ubicada en el difícil contexto en que fue aprobada, solo puede merecer una muy positiva valoración. Sorprenden algunos ataques que recibe, descontextualizados, anacrónicos y, por ello, injustos. Es la constitución que mayor estabilidad y progreso nos ha dado y tiene muchas cosas que no hace falta corregir", señala Ricardo De Lorenzo y Montero, presidente de De Lorenzo Abogados y jurista especializado en sanidad.