Durante los días 4 y 5 de junio se han desarrollado las Segundas Jornadas de Actualización en materia de Gestión Clínica avanzada en tratamientos endovasculares para médicos de la especialidad de Radiología Vascular Intervencionista, que utilizan técnicas de imagen para realizar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos.

Dichas Jornadas y Workshop de Actualización, fueron organizadas por la Cátedra de Gestión Sanitaria y Ciencias de la Salud de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y por IHM-Medical Technology, consultora especializada en gestión sanitaria, telemedicina y uHealth. Consultora y Cátedra están dirigidas por el director del Departamento de Ciencias de la Salud de UDIMA, el doctor Javier Cabo Salvador, y avaladas y auspiciadas por la Sociedad Española de Radiología Vascular Intervencionista.

Las Jornadas contaron con la participación especial de Ricardo de Lorenzo Montero, presidente del bufete De Lorenzo Abogados y presidente de la Sociedad Española de Derecho Sanitario, quien expuso la importancia que a nivel de Gestión Clínica tiene tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la Ley de Autonomía del Paciente.

De Lorenzo resaltó la característica de Derecho Fundamental de la Protección de Datos, al hacer referencia al poder de disposición y control sobre los datos personales para consentir el conocimiento y tratamiento de sus datos por terceros. Así mismo, realizó una especial reseña sobre la infracción de naturaleza penal que supone el acceso indebido a las historias clínicas al incurrir en un delito de descubrimiento de secretos, y en una violación de la intimidad de la persona.

Para los juristas expertos en Derecho Sanitario consultados por este periódico, no hay ninguna duda legal de la autonomía de las regiones a la hora de decidir que medidas se adoptan en sus territorios. Tampoco sobre si Sanidad puede imponer restricciones. Desde que el pasado 9 de mayo finalizara el estado de alarma (decretado el 25 de octubre de 2020), las competencias en materia sanitaria han vuelto a las comunidades autónomas, “lo que está poniendo manifiesto, como la Ley de Cohesión y Calidad del SNS ha quedado desactualizada, e indudablemente con ello, el papel del Consejo Interterritorial (CI)”, señala Ricardo de Lorenzo, experto en Derecho Sanitario. “En esta Ley se especifican las funciones del CI, y queda claro que su misión es coordinar y sus decisiones no son de obligado cumplimiento por parte de las CCAA, al ser recomendaciones”. Es en este órgano consultivo, donde están representados el Ministerio de Sanidad y también los consejeros de las CCAA, y al que le corresponde responder ante cualquier tipo de rebrote que haya en España, así como al proceso de vacunación que se está llevando a cabo.