La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia en la que confirma que la adopción de medidas de seguridad por parte del responsable o encargado del tratamiento es una obligación de medios y no de resultado.

En síntesis, se presentó recurso de casación que impugnaba la sentencia de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional, la cual estimaba la sanción de 40.001 euros a una empresa por infracción del principio de seguridad de los datos del artículo 9.1 de la ya derogada Ley Orgánica 15/1999.

En concreto, la empresa incumplió la obligación de adoptar medidas técnicas y organizativas que impidieran el acceso no autorizado por parte de terceros, al enviarse 14 solicitudes de financiación a una cuenta de correo electrónico no autorizada. En dicha sentencia se afirmaba que la normativa de protección de datos impone una obligación de resultado, es decir, independientemente de los medios y la diligencia adoptada.

La sentencia del Alto Tribunal versa sobre sí efectivamente la obligación de adoptar medidas de seguridad por parte de los responsables o encargados es de resultado o de medios.

La diferencia entre ambas concepciones en síntesis es la siguiente:

En las obligaciones de resultado existe un compromiso de cumplir con un determinado objetivo, mientras que en las obligaciones de medios el compromiso es de adoptar todos los medios posibles para cumplir con la norma, por ello estas también son denominadas obligaciones de “diligencia o “comportamiento.”

En la práctica esto se traduciría en que, el responsable del tratamiento o encargado en una obligación de resultado respondería por el solo hecho de causar el daño, sin importar la diligencia o causa, es decir, si el sistema de protección de datos, o como en el presento supuesto, el error de un empleado causa una lesión, se respondería al haberse causado el daño.

Mientras que, en una obligación de medios lo relevante para determinar si se ha incumplido con la normativa, a pesar de haber existido el daño, sería si se adoptaron todas las medidas para evitarlo, teniendo en cuenta los costes y el estado de la técnica.

Partiendo de esta diferenciación, el Tribunal Supremo concluye que la obligación de adoptar medidas de seguridad es de medios y no de resultado conforme al espíritu del artículo 9.1 de la Ley Orgánica 13/1999, e incluso esto se plasma en la actual Ley Orgánica 3/2018, que establece como infracciones “la falta de medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad apropiado al riesgo del tratamiento” o “ la falta de la debida diligencia en la utilización de medidas técnicas y organizativas implantadas”, denotándose con la inclusión de estas infracciones que el legislador establece una obligación de medios y no de resultado.

Finalmente, pese a la aclaración que realiza el Tribunal, se mantiene la sanción a la empresa dado que se corroboró en los hechos que, las medidas de seguridad adoptadas, como obligación de medios, incumplían las condiciones de seguridad y la diligencia debida.

Artículo de Carolina Sanabrias

La protección de los sanitarios varía según la titularidad del centro. Así, aquellos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen la categoría de autoridad pública, algo de lo que carecen los profesionales que ejercen su labor en la privada. Una desigualdad que critican desde el Derecho Sanitario, donde apuntan que ambos pueden equipararse si hay “voluntad política” porque, advierten, practican la misma función y están expuestos a los mismos peligros.

En el artículo 24.2 del Código Penal se establece que será autoridad el funcionario público por nombramiento de autoridad competente que participe en el ejercicio de funciones públicas. “Lamentablemente no se contempla al sector privado, pues solo se considera al funcionario y no a la función”, señala a Redacción Médica Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y presidente del Bufete De Lorenzo Abogados.

“Supone una clara desigualdad -en cuanto a protección jurídica- de aquellos profesionales que, si bien tienen una situación profesional diferente, ejercen -sin duda- la misma prestación pública”, manifiesta en este sentido.

Las agresiones a sanitarios se han disparado después de la pandemia provocada por el Covid-19. Según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), estos delitos han aumentado un 39 por ciento en 2021, llegando a producirse 612 casos, 171 más que en el ejercicio anterior. Una situación que ellos mismos han denunciado en este periódico, donde han exigido a la administración que tome medidas concretas para mitigar el problema.