Cristina Gil Membrado ha sido elegida como ganadora del VIII Premio Nacional de Derecho Sanitario. El premio, convocado por la Asociación Española de Derecho Sanitario y patrocinado por la Fundación A.M.A y la Fundación De Lorenzo, se ha decidido este jueves tras la deliberación de un prestigioso jurado que ha valorado el trabajo de Gil como el vencedor de esta edición. El trabajo en cuestión se titula “Datos de salud e inteligencia artificial. Utopías y distopías de una nueva era”. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 19 de abril de 2023 en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España.

Cristina Gil Membrado, es Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares, Decana de la Facultad de Derecho, siendo su línea de investigación principal el Derecho Sanitario. Es investigadora principal del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación Derecho y Medicina: desafíos tecnológicos y científicos (Demetyc).

La obra galardonada tiene como objeto el estudio integral del marco jurídico existente en relación al uso masivo de datos (big data) en el campo de la salud y su incidencia, tanto en la toma de decisiones médicas como en la investigación biomédica, mediante el empleo de inteligencia artificial. "El trabajo ha sido valorado de gran utilidad técnica, al abordar detalladamente el marco normativo actual y la problemática que conlleva jurídica, técnica y médicamente, así como sus propuestas alternativas en su regulación", justifica el jurado.

El jurado ha estado integrado por Juan Abarca Cidón, doctor en Medicina y Abogado, presidente del Grupo HM Hospitales y Vicepresidente Segundo dela Asociación Española de Derecho Sanitario; Domingo Bello Janeiro, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña y Académico de Número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación; María Castellano Arroyo, catedrática de Medicina Legal y Forense y Académica de Número dela Real Academia Nacional de Medicina de España; Federico de Montalvo Jääskeläinen, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Secretario General de la Universidad Pontificia de Comillas; Antonio Del Moral García, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Presidente de la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial; Diego Murillo Carrasco, presidente de la Fundación A.M.A. y Presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora A.M.A. y Ana Pastor Julián, exministra de Sanidad y Consumo, expresidenta del Congreso de los Diputados y Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados.

De los trabajos presentados, ha sido igualmente finalista: “Salud pública, limitación de derechos y mundo digital. Especial referencia a las emergencias sanitarias internacionales”, de la autora Ana Cristina Gallego Hernández, Profesora ayudante Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla.

Ricardo De Lorenzo, presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, ha sido reconocido Académico de Honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española en un acto en el que ha reivindicado la objeción de conciencia del profesional sanitario como un derecho “imprescindible” para un ejercicio profesional “moral y libre”. A este respecto, ha compartido sus dudas sobre los tan “ambiguos” como “monolíticos” registros de objetores que contemplan leyes recientes como las del aborto y la eutanasia, a su parecer “instrumentos poco realistas” en un escenario “cada vez más complejo” que precisa "una nueva Ley Orgánica”.

Con estas palabras se ha dirigido el también presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario a las autoridades políticas, sanitarias, académicas y jurídicas que han asistido a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para asistir a este acto de la Academia Médico-Quirúrgica de España, con el que ha iniciado además el curso académico 2022-23. Un evento que ha congregado, entre otras personalidades, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), Tomás Cobo; y Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Durante su intervención, De Lorenzo ha manifestado que la posición objetora de un médico en el ejercicio de su profesión “no es definitiva”, dado que puede cambiar a lo largo de su trayectoria; ni tampoco absoluta, ya que depende de casos o circunstancias concretas. Es decir, un facultativo “puede tener tal actitud para algunos planteamientos de su actividad y para otros no”. Ante esta realidad, “un registro ‘general’, de concepción monolítica, no es ni será nunca un instrumento realista” para asuntos tan complejos como la Ley del Aborto o la de la Eutanasia.

De Lorenzo ha apelado a la reciente reforma del Código Deontológico Médico impulsado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) para referirse a la objeción de conciencia como a las acciones clínicas concretas “y no a personas”, ha insistido en la necesidad de promulgar “una Ley de rango suficiente”, es decir una Orgánica, que acabe con las incertidumbres en el ámbito de la objeción de conciencia.

Ricardo De Lorenzo Aparici, socio director del Área de Derecho Digital del Bufete De Lorenzo Abogados, es el nuevo delegado de protección de datos (DPO) del Consejo General de la Abogacía Española.

Es experto en transformación digital y cuenta con una dilatada experiencia como abogado multidisciplinar asesorando en materia de protección de datos, transparencia y seguridad de la información a entidades privadas y públicas del sector sanitario. Ha sido delegado de protección de datos de importantes instituciones y organizaciones de este mismo sector.

El nuevo DPO de la Abogacía es miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster Universitario de Derecho Sanitario y Máster Universitario de Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información, ambos de la Universidad San Pablo-CEU.

De Lorenzo sustituye en el cargo a José Luis Piñar, quien fue nombrado en 2018.

El pasado día 16 de febrero el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Reguladora de la Protección de las Personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La finalidad de dicha norma es otorgar una protección adecuada para el denunciante y crear unos canales de denuncia para que se pueda informar sobre actuaciones empresariales que puedan ser constitutivas de infracciones tanto penal como administrativa graves o muy graves, cuyas sanciones pueden llegar hasta un millón de euros, y cuya información se haya obtenido en un contexto laboral o profesional.

Esta norma resulta de aplicación tanto a empresas con más de 50 trabajadores, como a las Administraciones Públicas, imponiéndoles la obligación de contar con un Canal de Denuncias (o sistema interno de información según lo define la Ley) y un Responsable del mismo, cuya misión será informar sobre dicho canal, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión, exigiendo a las entidades contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas realizadas.

La norma protege a los whistleblowers o informantes, quienes podrán denunciar tanto a través del canal interno como un canal externo de información, Autoridad Independiente de Protección del Informante, garantizándose tanto la confidencialidad como la protección frente a represalias.

Desde De Lorenzo Abogados ofrecemos un sistema de asesoramiento para la implantación del canal de denuncias, adaptado a los procedimientos y normativa interna de cada entidad, proporcionando una colaboración activa con el Responsable del Sistema para el cumplimiento y tramitación de las obligaciones recogidas en la Ley.

Para solicitar información: compliance@delorenzoabogados.es

Dentro del marco del VIII Congreso Nacional de Ética y Deontología del Consejo General de Médicos, organizado junto al Colegio de Médicos de Sevilla, se organizó la mesa “Deontología y Derecho Sanitario”, un foro en el que se puso de manifiesto la importancia de la deontología como máximo exponente del papel de los colegios de médicos en nuestra sociedad como garantía para los ciudadanos.

En esta mesa participaron como moderadores Santiago Campo, jefe de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Sevilla; y Rocío Marín Andrés, directora del Instituto Médico Legal de Sevilla. En calidad de ponentes intervinieron Mª Luisa Alejandre Durán, presidenta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA; Carlos Mª Lapetra, letrado del Colegio de Médicos de Zaragoza; Ignasi Pidevall, letrado del Colegio de Médicos de Barcelona; y Ricardo De Lorenzo, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Médicos (CGCOM).

Luisa Alejandre se centró en el principio de legalidad y los códigos deontológicos y puntualizó la diferencia entre ética “que no es obligada” y deontología “que si implica obligación”. En su opinión, la auténtica razón de ser de los colegios reside en la ordenación de la profesión, así como en el ejercicio de ese control ético y deontológico. “El ejercicio de esas funciones es donde entra el principio de legalidad”. El Colegio cumple con una importante función social que es servir de garantía frente a la sociedad del correcto ejercicio profesional.

Otro de los aspectos en los que hizo hincapié fue en la importancia de proveer de un énfasis positivo a los textos y códigos deontológicos “para que no solo sirvan de elemento prohibitivo como ocurre en el caso de los códigos legales, sino que se pueden constituir como impulsos para el mejor desarrollo profesional y para el fomento de modelos deseables de conducta, siempre en defensa de los intereses públicos”, subrayó.

Por su parte, el letrado Carlos Mª Lapeña ahondó en la necesaria armonización del procedimiento sancionador en los colegios de médicos, una cuestión que calificó de trascendental para las organizaciones, así como abordó cuestiones relativas a los estatutos. En este sentido, apuntó que “aunque los estatutos no tienen rango de ley, no por ello dejan de ser una normativa básica del Estado”, una cuestión que, en su opinión, “no es lo suficientemente conocida” por parte de organizaciones y profesionales.

Ignasi Pidevall puso en relieve el papel del derecho y los abogados en las Comisiones de Deontología. El letrado del COM Barcelona insistió en que las normas deontológicas son de obligado cumplimiento “más allá de un tratado de deberes morales” y puso en valor el Registro de profesionales y la vigilancia y el control del ejercicio profesional a través de la deontología como los dos grandes pilares que construyen los colegios de médicos, “unos pilares que reivindican la colegiación no sólo como obligatoria sino como necesaria” - explicó.

Ricardo De Lorenzo, director de los servicios jurídicos el CGCOM abordó en su participación cuestiones jurídicas del nuevo Código Deontológico. Sobre el nuevo texto que será publicado en breve aseguró que “es la primera vez que la Organización Médica Colegial tiene un Código Deontológico parejo a la realidad social que vivimos y que está a la vanguardia en muchos aspectos”. En este sentido puso como ejemplo que el documento contempla – por primera vez - a las sociedades profesionales, entre otros aspectos.

Además, y desde el punto de vista jurídico y legal, enfatizó que la publicación contempla los temas más espinosos desde el punto de vista jurídico como son el final de la vida, así como recoge también múltiples situaciones derivadas de la reciente pandemia.

Reclamó la necesidad de dar más publicidad al Código Deontológico a todos los niveles porque “la ausencia de publicidad devalúa la importancia de un Código. Los colegios son los garantes de la calidad asistencial de los pacientes y este tipo de documentación no tienen la publicidad que deberían de tener” – manifestó.

Finalmente, anunció que “esta va a ser la primera vez que se lleve al BOE el Código Deontológico del CGCOM por la vía de anuncio, y puso en valor el trabajo realizado por parte de la Junta Directiva de la corporación médica para lograr aunar todas las voluntades de los colegios de médicos en este gran Código”.

El pasado viernes 27 de enero ha tenido lugar, de forma semipresencial, la asamblea conjunta entre los representantes provinciales de la sección de médicos de Atención Primaria Rural y de los médicos de Hospitales en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). En la asamblea se han abordado las consecuencias e implicaciones que conlleva la aplicación de la actual Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (de aquí en adelante, la LORE) y se han presentado los resultados de un informe de demografía médica realizado por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León.

El encuentro ha sido presidido por la Dra. Pilar Sánchez Conde, representante de la sección colegial de médicos de Hospitales del CGCOM, así como por el Dr. Hermenegildo Marcos Carrera, representante de la sección colegial de Atención Primaria Rural del CGCOM.

Durante la celebración de la asamblea ha tenido lugar una mesa redonda en la que se han planteado el alcance y la repercusión, a la luz del Derecho Sanitario, de la entrada en vigor de la LORE: la primera ponencia fue impartida por Don Ricardo De Lorenzo, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM) y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; la segunda ponencia, ofrecida por el Dr. Francisco Vara, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Los Montalvos de Salamanca y vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, fue aprovechada para reflexionar alrededor de los cuidados paliativos y las prestación de ayuda a morir. Más en particular, los ponentes analizaron la trascendencia de esta reciente modificación legislativa y, asimismo, examinaron el procedimiento recogido en la LORE, que se inicia con una solicitud del paciente al médico responsable, continúa con un proceso deliberativo y, en caso de que persista el deseo del paciente, se requiere un informe al Comité de Garantía de ámbito autonómico, teniendo siempre presente que el objetivo de los médicos es asistir y acompañar al paciente en todo momento durante su enfermedad.

En ambas intervenciones se ha insistido en acotar bien los términos relativos a la eutanasia y al proceso del final de la vida, y, del mismo modo, se ha tratado el tema del derecho a la objeción de conciencia, reconocido como derecho fundamental en la Constitución Española y actualmente recogido en el Código de Deontología Médica. A este respecto, se ha debatido sobre la conveniencia de que existan registros de objetores de conciencia en las Comunidades Autónomas, dado que también debe ser reconocida la objeción de conciencia sobrevenida y no inscrita y, por último, si se estimase conveniente la existencia de estos registros, se ha determinado que se debe facilitar su disponibilidad en los Colegios de Médicos.