El coronavirus Covid-19 ha afectado, según el Ministerio de Sanidad, a 73.165 profesionales sanitarios en España. A las puertas de la aprobación efectiva de una vacuna que combata la infección del SARS-CoV-2 y anunciarse que dichos viales tendrán grupos ‘prioritarios’, como los sanitarios, surge la duda de si los profesionales deberán vacunarse obligatoriamente para prevenir un futuro contagio en su ejercicio laboral y, correspondientemente, convertirse en un foco en su lugar de trabajo. Aunque la legislación vigente en España no implica este hecho, y deja la vacunación, tanto de profesionales como de pacientes, en manos de una decisión personal, existen países como Estados Unidos donde sí es de obligado cumplimiento vacunarse para un sanitario.

Es ahí dónde se plantea la disyuntiva de qué ocurriría si el sanitario se convierte en foco de contagio del coronavirus por haber rechazado vacunarse. En este caso, y preguntado por Redacción Médica, el experto en Derecho Sanitario y presidente en De Lorenzo Abogados, Ricardo De Lorenzo, apunta que, desde el punto de vista legal o ético deontológico, el profesional sanitario estaría incurriendo en "un supuesto de responsabilidad" de la Administración. Un hecho que la propia Administración debería indemnizar según los daños y perjuicios ocasionados al paciente, "sin perjuicio de que después esa propia Administración Sanitaria pudiera repercutir el cobro o el pago de la indemnización en aquella persona que en su caso hubiera podido ocasionar el daño".

La responsabilidad profesional sanitaria es una disciplina jurídica que suscita una gran atención ante el incesante incremento en el número de reclamaciones judiciales, muchas de ellas como consecuencia del Covid.

Ofelia De Lorenzo y Pablo Montalvo presentan una obra que analiza con un enfoque eminentemente práctico los derechos de los pacientes.

La obra se centra en las cuestiones clave: el derecho a la información clínica, el consentimiento informado, la historia clínica, etc.

Asimismo se analizan las responsabilidades civiles y penales, y la responsabilidad patrimonial de los servicios de salud. Todo ello en base a los pronunciamientos más significativos en la materia, efectuando un estudio de las singularidades existentes entre las distintas jurisdicciones.

Una obra práctica que por fin ofrece luz sobre una la responsabilidad profesional sanitaria, disciplina jurídica que mayor atención suscita, no solo ante el incesante incremento en el número de reclamaciones judiciales que se siguen produciendo en el campo de la responsabilidad por daños a la salud, pero igualmente las que se prevén se producirán como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Los motivos de este incesante crecimiento de la litigiosidad son, primero que la relación entre el médico y el paciente ya no descansa tanto en la confianza o la habilidad del profesional sanitario, si no en su experiencia y capacidad de trabajo, que además resulta que se desarrolla en un medio más tecnificado y especializado, dominado por estructuras públicas, semipúblicas o privadas; segundo, el paciente ya no concibe la salud como suerte, sino que se concibe como derecho, lo que implica un cambio importante de actitud y por último, la súper especialización médica y los enormes avances científicos que se producen casi a diario.

Por ello el presente Claves Prácticas ofrece respuestas claras y concisas a quien pretenda exigir responsabilidades civiles y penales a los profesionales, así como responsabilidad patrimonial de los servicios de salud, públicos o privados.

Nuestra Socia - Directora del Área Jurídico Contenciosa, Ofelia De Lorenzo, ha analizado en El Mercurio la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de revertir el confinamiento de Madrid

La norma que restringía la libertad de movimiento en Madrid y otras nueve ciudades de la Comunidad era “una obra de ingeniería jurídica”, que este jueves quedaba completamente desmontada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tal y como ya avanzaba Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados, a Redacción Médica, recordando que “justificar limitaciones de derechos fundamentales sin amparo legal rompe con la base de nuestro estado constitucional de derecho”.

“La decisión de restringir la libertad de movimiento se hizo mediante una resolución, y no mediante una orden ministerial. Llamaba la atención que con una resolución se pueda restringir derechos fundamentales. Para ello, sería necesaria la concepción de una ley que limite esos derechos. Y así lo ha hecho ver el TSJM anulando estas restricciones”, subraya De Lorenzo a este diario.

Nuestro Presidente, Ricardo De Lorenzo, analiza en esta columna publicada en Sanifax la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en forma de resolución, por la que se confina Madrid a consecuencia del aumento de contagios de la pandemia COVID19. De Lorenzo subraya que "llama la atención que con una resolución se pueda restringir derechos fundamentales".

El Gobierno central quiere cerrar Madrid y todas aquellas localidades de más de 100.000 habitantes que superen los umbrales que el ministro Salvador Illa anunció el pasado martes, pese a no alcanzar el consenso de esas medidas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), debido a la crisis del coronavirus Covid-19. Esta posición despierta más dudas que certezas entre los expertos jurídicos, que tachan esta orden como “una obra de ingeniería jurídica”.

Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados, explica a Redacción Médica que esta norma “no es una orden ministerial, tal y como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sino que es una resolución. Y es que llama la atención que con una resolución se pueda restringir derechos fundamentales. Para ello, sería necesaria la concepción de una ley que limite esos derechos”.