El Supremo da un paso más en la responsabilidad sanitaria: la pareja del paciente también puede ser indemnizada por falta de información asistencial.
NUEVA CORRIENTE JURISPRUDENCIAL: Ante el daño ocasionado por el déficit de información asistencial al paciente, el Tribunal Supremo extiende la condición de perjudicado a la pareja estable de este. Reconoce la legitimación activa a la mujer para reclamar por el daño moral derivado de la falta de información sobre el riesgo de fracaso de una vasectomía, tras la que produjo el embarazo y posterior alumbramiento de un hijo de la pareja. Se concede una indemnización por daño moral de 70.000 € a ambos progenitores.
Reconoce el Tribunal Supremo que el único titular del derecho a la información en una cirugía de vasectomía es el paciente varón a quien se le va a realizar.
No obstante, establece el Tribunal que “la vasectomía es una intervención dirigida a lograr la esterilización del varón y en el caso de una pareja estable es una decisión adoptada en el ámbito de la planificación familiar, optando por un método anticonceptivo de carácter, en principio, permanente e irreversible.
Las consecuencias del fracaso de la intervención, es decir, el posterior embarazo y nacimiento de un hijo, afectan por igual a ambos miembros de la pareja.”
En este sentido dispone la sentencia que, respecto al paciente sometido a la vasectomía, el perjuicio se concreta en el daño moral personalísimo por vulneración de un derecho fundamental, pero “para su pareja surge un daño propio y autónomo, que es también de carácter moral, pues la falta de información le priva de su facultad de autodeterminación en relación con la planificación familiar”.
En consecuencia, se recoge en el Fundamento de Derecho Octavo que:
OCTAVO.- Teniendo en cuenta todo lo expuesto, procede responder a la cuestión de interés casacional en los términos siguientes:
« “En los supuestos de omisión de información relevante sobre el riesgo de fracaso de una intervención de vasectomía, la pareja estable del paciente ostenta legitimación activa para reclamar responsabilidad patrimonial por haber sufrido un perjuicio propio vinculado a la frustración de su capacidad de planificación reproductiva y autodeterminación personal como consecuencia directa del funcionamiento anormal del servicio sanitario. Tal legitimación no deriva de una titularidad compartida del derecho al consentimiento informado, que corresponde exclusivamente al paciente, sino de la existencia de un daño autónomo e individualizado padecido por quien resultó afectada por las consecuencias de dicha omisión informativa.”»
Nos encontramos ante una sentencia novedosa de la que no constan antecedentes pues, en puridad, el derecho a la información y el daño ocasionado por la omisión de este derecho personalísimo, sólo afectaba al paciente, en tanto es el único titular del derecho. Sin embargo, el Tribunal Supremo amplia el carácter de perjudicado y lo extiende a la pareja estable del paciente, afirmando que la esposa, ha sufrido un perjuicio propio, vinculado a la frustración de su capacidad de planificación reproductiva y autodeterminación personal, como consecuencia directa del funcionamiento anormal del servicio sanitario.
Una interpretación novedosa que plantea importantes interrogantes jurídicos
Aunque el razonamiento del Tribunal Supremo resulta comprensible desde la perspectiva de las consecuencias que una vasectomía fallida puede tener en el ámbito de la planificación familiar, la interpretación efectuada plantea, a nuestro juicio, importantes interrogantes sobre la dimensión de la información asistencial y del daño derivado de esta.
Hasta el momento, entendíamos que el daño indemnizable en estos supuestos no es el hecho de haber tenido un hijo sin planificación familiar o la frustración de las expectativas reproductivas, sino el daño moral ocasionado por la vulneración de un derecho legalmente reconocido: el derecho a la información asistencial, regulado en la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente. Se trata de un derecho personalísimo, cuya titularidad corresponde exclusivamente al paciente, que se ha visto privado de la posibilidad de conocer y valorar adecuadamente los riesgos de la intervención y, por tanto, de decidir libre y conscientemente si deseaba someterse a ella.
Desde esta perspectiva, consideramos que el daño moral debe concretarse en la privación del derecho a la información y en la consiguiente limitación de la autonomía de la voluntad del paciente, y no en las consecuencias que una vasectomía fallida haya podido tener sobre terceros.
El Tribunal Supremo introduce así una interpretación novedosa que amplía el concepto de perjudicado en relación a la falta de información asistencial y que, sin duda, plantea un interesante debate jurídico.
TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta Sentencia núm. 1174/2026 de 21 de octubre.
