Una de las notas más llamativas del debate generado en las últimas semanas es la escasa atención que se ha prestado a la interacción entre la reciente reforma del acceso a la sanidad pública —articulada a través del Real Decreto 180/2026, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español— y el proceso de regularización extraordinaria actualmente planteado, que pretende dar cobertura administrativa a un volumen estimado en torno a medio millón de personas en situación irregular. Mientras la discusión se ha centrado en la contraposición entre universalidad y restricción, se ha pasado por alto que la aplicación conjunta de ambas medidas no es neutra desde el punto de vista jurídico sanitario.
Dicho marco normativo, pese a ser objeto de impugnación, fue avalado por la doctrina del Tribunal Constitucional, que en las SSTC 139/2016 y 134/2017 recordó que el derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución Española de 1978 no tiene carácter absoluto, sino que debe ejercerse dentro de un sistema sostenible.
Desde la perspectiva del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en asuntos como Brey (C-140/12) y Dano (C-333/13) que los Estados pueden evitar que determinadas prestaciones conviertan a sus beneficiarios en una carga excesiva para los sistemas públicos, en línea con la Directiva 2004/38/CE. Lejos de ser una excepción, este principio encuentra su confirmación en la Directiva 2011/24/UE, que se construye precisamente sobre la necesidad de garantizar el equilibrio financiero mediante mecanismos de coordinación y reembolso, y no a través de la asunción unilateral de prestaciones por un solo Estado.
Pero es en la interacción entre la ampliación del acceso sanitario y el proceso de regularización extraordinaria actualmente planteado —objeto ya de análisis crítico por el Consejo de Estado— donde se aprecia con mayor claridad el alcance real de la reforma. La ampliación del acceso sanitario reduce de inmediato los costes asociados a la irregularidad, mientras que la regularización posterior consolida derechos plenos. Este efecto acumulativo altera incentivos y proyecta sus consecuencias sobre la sostenibilidad del sistema.
Y es precisamente en este punto donde la realidad jurídica más reciente refuerza las dudas sobre el diseño global de la medida. El proceso de regularización, aún no aprobado, ha sido objeto de observaciones críticas tanto desde el ámbito europeo como desde el propio Consejo de Estado. En el plano europeo, se ha advertido de la ausencia de comunicación previa a las instituciones de la Unión y de las consecuencias que podrían derivarse en términos de responsabilidad estatal, particularmente en relación con la libre circulación y la eventual asunción por España de retornos de inmigrantes regularizados que se desplacen a otros Estados miembros.
