Es obvio que la concienciación y el conocimiento por parte de los ciudadanos de este derecho fundamental a la protección de datos es cada vez mayor y que la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos crece rápidamente, basta con observar dos datos que nos proporciona la Memoria: en 2009 se registró un aumento del 75% en las denuncias presentadas y, a su vez, las denuncias inadmitidas se incrementaron en un 450%.

Sin embargo, vamos a centrarnos en los datos que ofrece la Memoria y que se refieren al sector sanitario con el objeto de analizar cuáles son los problemas más frecuentes que nos encontramos y el impacto que la Ley está teniendo en el sector.

En cuanto a la facultad sancionadora de la Agencia, de los datos contenidos en la Memoria se determina un aumento con respecto a 2008 en las actuaciones previas iniciadas por la Agencia, produciéndose, sin embargo, un significativo descenso, de más del 20%, en los procedimientos sancionadores resueltos durante este año, si bien debe mencionarse que se han incrementado las solicitudes de tutela de derechos relacionados con el acceso a la historia clínica.

Por otro lado, hay que señalar que la Agencia ha informado la elaboración de varias normas, como el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Mutualismo administrativo, y el Proyecto de Real Decreto de regulación de la receta médica y la orden hospitalaria de dispensación. Asimismo también ha participado en el Proyecto de creación de la Historia Clínica electrónica única en el ámbito de MUFACE y en el Anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Manifiesta la Agencia en la Memoria la necesidad de dar respuesta a determinar quién debe ser responsable de custodiar las historias clínicas en los casos en los que una entidad privada deja de prestar servicios o cuando un profesional que ejerce su actividad por cuenta propia se jubila o fallece, estimando que en el caso de no existir una nueva entidad o profesional al que deseen acudir los pacientes, se deberá cumplir con la obligación de conservación y custodia que impone la normativa sanitaria, proponiendo como alternativa que los Colegios Profesionales arbitren mecanismos de custodia de los historiales clínicos en estas situaciones.

De los datos expuestos, entendemos que existe una mayor concienciación por parte de las Clínicas y centros hospitalarios que determina que el número de procedimientos sancionadores descienda por el mayor grado de cumplimiento de la normativa, tendencia que debe continuar puesto que como se ha observado los ciudadanos conocen mejor sus derechos lo que se traduce en un importante aumento en el número de denuncias presentado.

Publicado en Redaccion Médica el jueves 10 de junio de 2010. Número 1250 Año VI.